Carlos Ramírez / Indicador Político
Cuando la Procuraduría General de la República afirmó que se estaba investigando a Jorge Hank Rhon para determinar si por la vía de las armas se tipificaba el delito de “delincuencia organizada”, Jorge Hank Rhon encontró con un verdadero problema que puso en riesgo su negocio.
La concesión para la industria del juego propiedad de Hank --el hipódromo de Agua Caliente y las casas de apuestas Caliente-- podría ser revocadas por del delito de “delincuencia organizada”, de acuerdo con la propia concesión firmada y sobre todo con el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Hank Rhon tiene el plazo de mañana martes a las 4:30 am para eludir el cargo de delincuencia organizada o perderá su gran negocio. Por lo pronto, el juez de la causa ya determinó que sí hubo flagrancia y ratificó el arresto del político-empresario; por tanto, el Ejército no violó la ley. Los problemas de Hank Rhon son tres:
1.- La industria de las apuestas sólo puede operar con un permiso de la Secretaría de Gobernación. Y en el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos tiene claro el requisito para la autorización, en el inciso b) de la fracción IV del artículo 21: “Declarar (el solicitante), bajo protesta de decir verdad, que no ha sido procesado ni condenado por delito doloso de índole patrimonial, fiscal, ni relacionado con la delincuencia organizada o de operaciones de procedencia ilícita”. La ley establece un criterio laxo: No sólo no estar involucrado en asuntos de delincuencia organizada, sino “relacionado con la delincuencia organizada”.
2.- El negocio de las apuestas es de los más productivos. Pero al ser producto de una concesión del Gobierno, en algunos sectores existe ya el prurito de tener claro el uso de las ganancias. Y beneficiado por una concesión reafirmada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Hank Rhon orienta sus utilidades a financiar campañas del PRI, como ahora se han descubierto apoyos a los candidatos del PRI en el Estado de México y Coahuila. Lo grave del asunto fue que la concesión al Hipódromo de Agua Caliente se renovó por 25 años --permiso No. 03923-- el 24 de octubre de 1989, mientras Carlos Hank González era secretario de Turismo del gabinete salinista; la relación de un hipódromo con la industria del turismo reveló tráfico de influencias. El permiso abarca un hipódromo y galgódromo, 22 centros de apuestas remotas y 22 salas de sorteos de números. Hank Rhon tendría que renovar su permiso el 24 de octubre del 2014. Por ahora, un negocio concesionado financia campañas del PRI.
3.- Si se extiende la indagatoria del negocio de Hank Rhon se encontrará que no sólo el terreno donde se asienta el hipódromo en Tijuana es federal y forma parte de la concesión, sino que esa propiedad se fraccionó para residencias, un estadio y el Colegio Alemán. Este último dato también implica una violación al título de concesión porque ahí se establece que las casas de apuestas deben estar lejos de centros educativos.
A Hank Rhon se le está terminando el tiempo. El plazo para su declaración preparatoria vence mañana martes a las 4:30 am. La respuesta estridente y mediática en contra de la acusación de posesión de armas ha llevado a las autoridades a ser más minuciosas en el seguimiento de las armas encontradas. Hoy Hank Rhon niega la propiedad de ellas, pero en los medios locales de Tijuana existen miles de testimonios gráficos de la forma ostentosa en que el empresario priísta exhibía las armas de sus guardias personales de seguridad.
Durante la campaña de Roberto Madrazo Pintado como candidato del PRI en Tijuana, en una ocasión Hank Rhon lo paseó por la ciudad a bordo de un elegante Rolls Royce, cuyo precio comienza en 500 mil euros --algo así como diez millones de pesos--, pero el auto de los dos políticos iba seguido por otro Rolls Royce con guardaespaldas --otra ostentación: Escoltas en auto de súper lujo--, pero todos con armas largas salidas por las ventanillas y apuntando a la gente.
El asunto de delincuencia organizada es la acusación más seria contra Hank Rhon. Y no se trata de alguna invención de las autoridades. El artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tipifica claramente el delito: “Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes (siete fracciones), serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”.
Y la fracción II del mismo artículo establece como delito de delincuencia organizada el “acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”. El 83 bis es claro en materia de acopio: “Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas”. Y define acopio de armas: “Por acopio debe entenderse la posesión de más de cinco armas de las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Para la aplicación de la sanción por delitos de portación o acopio de armas, el juez deberá tomar en cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus antecedentes y las circunstancias en que fue detenido”. La PGR estableció 44 armas como de uso exclusivo del Ejército.
Por tanto, la acusación de la PGR se localiza dentro del marco jurídico del acopio de armas en el contexto de delincuencia organizada. Si el juez reconoce la acusación de la PGR, Hank Rhon será sentenciado como miembro de la delincuencia organizada y perderá su concesión para juegos y su negocio político.
Por lo pronto, la PGR ganó el primer paso el miércoles 8 de junio cuando el juez noveno de distrito con sede en Tijuana, Baja California, “calificó de legal y ratificó la detención preventiva de Jorge Hank Rhon y coinculpados, al haberse demostrado su legalidad con las constancias que obran en el expediente”. La declaratoria se basó en el párrafo VI del 16 constitucional, con lo que se ratificó el argumento de flagrancia que informó la Secretaría de la Defensa Nacional y no se decretó la libertad del detenido. Por tanto el arresto de Hank Rhon fue legal.
Cuando la Procuraduría General de la República afirmó que se estaba investigando a Jorge Hank Rhon para determinar si por la vía de las armas se tipificaba el delito de “delincuencia organizada”, Jorge Hank Rhon encontró con un verdadero problema que puso en riesgo su negocio.
La concesión para la industria del juego propiedad de Hank --el hipódromo de Agua Caliente y las casas de apuestas Caliente-- podría ser revocadas por del delito de “delincuencia organizada”, de acuerdo con la propia concesión firmada y sobre todo con el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Hank Rhon tiene el plazo de mañana martes a las 4:30 am para eludir el cargo de delincuencia organizada o perderá su gran negocio. Por lo pronto, el juez de la causa ya determinó que sí hubo flagrancia y ratificó el arresto del político-empresario; por tanto, el Ejército no violó la ley. Los problemas de Hank Rhon son tres:
1.- La industria de las apuestas sólo puede operar con un permiso de la Secretaría de Gobernación. Y en el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos tiene claro el requisito para la autorización, en el inciso b) de la fracción IV del artículo 21: “Declarar (el solicitante), bajo protesta de decir verdad, que no ha sido procesado ni condenado por delito doloso de índole patrimonial, fiscal, ni relacionado con la delincuencia organizada o de operaciones de procedencia ilícita”. La ley establece un criterio laxo: No sólo no estar involucrado en asuntos de delincuencia organizada, sino “relacionado con la delincuencia organizada”.
2.- El negocio de las apuestas es de los más productivos. Pero al ser producto de una concesión del Gobierno, en algunos sectores existe ya el prurito de tener claro el uso de las ganancias. Y beneficiado por una concesión reafirmada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Hank Rhon orienta sus utilidades a financiar campañas del PRI, como ahora se han descubierto apoyos a los candidatos del PRI en el Estado de México y Coahuila. Lo grave del asunto fue que la concesión al Hipódromo de Agua Caliente se renovó por 25 años --permiso No. 03923-- el 24 de octubre de 1989, mientras Carlos Hank González era secretario de Turismo del gabinete salinista; la relación de un hipódromo con la industria del turismo reveló tráfico de influencias. El permiso abarca un hipódromo y galgódromo, 22 centros de apuestas remotas y 22 salas de sorteos de números. Hank Rhon tendría que renovar su permiso el 24 de octubre del 2014. Por ahora, un negocio concesionado financia campañas del PRI.
3.- Si se extiende la indagatoria del negocio de Hank Rhon se encontrará que no sólo el terreno donde se asienta el hipódromo en Tijuana es federal y forma parte de la concesión, sino que esa propiedad se fraccionó para residencias, un estadio y el Colegio Alemán. Este último dato también implica una violación al título de concesión porque ahí se establece que las casas de apuestas deben estar lejos de centros educativos.
A Hank Rhon se le está terminando el tiempo. El plazo para su declaración preparatoria vence mañana martes a las 4:30 am. La respuesta estridente y mediática en contra de la acusación de posesión de armas ha llevado a las autoridades a ser más minuciosas en el seguimiento de las armas encontradas. Hoy Hank Rhon niega la propiedad de ellas, pero en los medios locales de Tijuana existen miles de testimonios gráficos de la forma ostentosa en que el empresario priísta exhibía las armas de sus guardias personales de seguridad.
Durante la campaña de Roberto Madrazo Pintado como candidato del PRI en Tijuana, en una ocasión Hank Rhon lo paseó por la ciudad a bordo de un elegante Rolls Royce, cuyo precio comienza en 500 mil euros --algo así como diez millones de pesos--, pero el auto de los dos políticos iba seguido por otro Rolls Royce con guardaespaldas --otra ostentación: Escoltas en auto de súper lujo--, pero todos con armas largas salidas por las ventanillas y apuntando a la gente.
El asunto de delincuencia organizada es la acusación más seria contra Hank Rhon. Y no se trata de alguna invención de las autoridades. El artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tipifica claramente el delito: “Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes (siete fracciones), serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”.
Y la fracción II del mismo artículo establece como delito de delincuencia organizada el “acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”. El 83 bis es claro en materia de acopio: “Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas”. Y define acopio de armas: “Por acopio debe entenderse la posesión de más de cinco armas de las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Para la aplicación de la sanción por delitos de portación o acopio de armas, el juez deberá tomar en cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus antecedentes y las circunstancias en que fue detenido”. La PGR estableció 44 armas como de uso exclusivo del Ejército.
Por tanto, la acusación de la PGR se localiza dentro del marco jurídico del acopio de armas en el contexto de delincuencia organizada. Si el juez reconoce la acusación de la PGR, Hank Rhon será sentenciado como miembro de la delincuencia organizada y perderá su concesión para juegos y su negocio político.
Por lo pronto, la PGR ganó el primer paso el miércoles 8 de junio cuando el juez noveno de distrito con sede en Tijuana, Baja California, “calificó de legal y ratificó la detención preventiva de Jorge Hank Rhon y coinculpados, al haberse demostrado su legalidad con las constancias que obran en el expediente”. La declaratoria se basó en el párrafo VI del 16 constitucional, con lo que se ratificó el argumento de flagrancia que informó la Secretaría de la Defensa Nacional y no se decretó la libertad del detenido. Por tanto el arresto de Hank Rhon fue legal.
