Miguel Ángel Granados Chapa
Los miembros de la Armada de México no transitan, como el Marinero en tierra de Rafael Alberti, a la obtención de sal. Se les está habilitando como policías. Y si bien se puede hablar de su eficacia -el viernes pasado atraparon en Cuernavaca a gruperos famosos, como Ramón Ayala, Los Cadetes de Linares y Torrente- también se les puede atribuir un mal que daña al resto de las fuerzas federales que persiguen a miembros de alto coturno de la delincuencia organizada: que se les escapan los destinatarios principales de sus operaciones. Al menos eso ocurrió el propio viernes, cuando se les escabulló Édgar Valdez Villarreal, conocido como La Barbie, el jefe de los matones de la familia Beltrán Leyva.
Aun antes de las operaciones combinadas del Ejército y las policías federales, iniciadas hace tres años, la Armada de México había tenido participación, marginal si se quiere, pero al fin y al cabo un papel en la persecución del narcotráfico. Cuando en diciembre de 2006 el presidente Calderón involucró centralmente al Ejército en el combate a la delincuencia organizada, de modo inercial la Marina siguió ese derrotero. Su ámbito de actuación más importante era, como es de suponerse, las aguas territoriales, en donde se realizó la captura de embarcaciones portadoras de drogas. Paulatinamente sus miembros echaron pie a tierra, y participaron en la localización de plantíos de mariguana y amapola, y en la incineración de enervantes. También de modo casi imperceptible se hicieron cargo del patrullaje en algunos puertos, no sin roces con las policías federales y el Ejército mismo, que sentía invadidos sus terrenos no obstante que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene en operación un Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales, cuyo diseño y actuación contraviene las misiones atribuidas por la ley a la Secretaría de Marina. Últimamente se ha advertido un nuevo paso en la presencia de infantes de Marina tierra adentro. A ese cuerpo pertenecen quienes se enfrentaron el 4 de diciembre a la banda de sicarios encabezada por Ricardo Almanza, que asesinó semanas atrás al general retirado Juan Arturo Esparza. Los marinos causaron varias bajas a los mafiosos, incluido el jefe mismo. Y el viernes pretendieron aprehender a La Barbie en una fiesta en la capital de Morelos, pero avisado a tiempo el bandolero escapó. En compensación fueron detenidas 20 prostitutas acapulqueñas contratadas ex profeso, a las que se dejó en libertad poco después, y grupos musicales afamados (y caros) que el lunes seguían detenidos, no se sabe con qué definición jurídica, en la Procuraduría General de la República (Reforma, 15 de diciembre).
Varios motivos, aislados o combinados, pueden explicar la expansión de la presencia de la Armada de México en operaciones policiales. Uno significaría una respuesta pueril del gobierno, del presidente Calderón en particular: a los que objetan la presencia militar en la lucha contra la delincuencia organizada, se les contesta no disminuyendo el número de efectivos castrenses involucrados, sino incrementándolo a través de la Infantería de Marina. Otro móvil posible, semejante al anterior pero sin contenido neurótico, provendría de la necesidad de reforzar las operaciones militares con personal supletorio, dada la concentración de tropas en Michoacán y Chihuahua, especialmente Ciudad Juárez, lo que deja desguarnecidas algunas regiones necesitadas, desde la óptica gubernamental, de la eficacia militar. También es posible conjeturar que los marinos sustituirían a los militares en previsión de que aquellos vuelvan a sus cuarteles ante la presión internacional (la nacional cuenta menos) a ese respecto. Por último, es imaginable que aprovechando la rivalidad histórica entre los militares de tierra y los de mar -que se esconde y niega pero existe- se utilice a la Armada como contrapeso a la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de evitar una autoponderación excesiva.
De otra manera se está dando lugar a la Marina en la batalla contra las drogas. Quizá actúan a título personal, pero miembros eminentes de la Armada, con licencia o retirados pero sin duda vinculados a su corporación, han tenido y readquieren ahora influencia en ese combate. Pensemos, a título de ejemplo, en el almirante Wilfrido Robledo, uno de los primeros directores de la Policía Federal (cuando aún se apellidaba Preventiva), y que tras su paso por la Agencia de Seguridad estatal mexiquense ha sido ahora llamado por el procurador de la República, Arturo Chávez Chávez, como su asesor. El propio titular de la PGR designó hace tres semanas al almirante José Luis Figueroa, miembro del mismo grupo que Robledo, director del Centro Nacional de Análisis, Planeación e Inteligencia de la Procuraduría. Figueroa dirigía la PFP en 2004, cuando se produjo el linchamiento de tres miembros de esa corporación en Tláhuac. Se le imputaron responsabilidades por haber reaccionado con lentitud ante la grave situación y por haber emprendido una operación delicada en esa delegación sin notificarla a las autoridades locales, pero al final del procedimiento quedó exonerado.
Al igual que se critica la intervención militar en asuntos de seguridad pública para los cuales no está preparada la institución castrense debe predicarse lo mismo respecto de la Armada. Tiene su propia misión, y sus elementos deben afanarse en cumplirla. Cuando más, debería ese cuerpo realizar funciones de vigilancia en los puertos y las franjas costeras, no tierra adentro.
Cajón de Sastre
El conjunto de proyectos anunciados ayer por el presidente de la República pretende una reforma política ambiciosa, pero hoy inviable, meramente ilusoria. Es inoportuna no sólo en cuanto al tiempo (se presenta el día mismo en que el Poder Legislativo entra en receso) y en vísperas de un año teñido por la contienda electoral en 16 entidades, sino también en cuanto a las circunstancias. Cuando se agravan las crisis económica y de seguridad, necesitadas ambas de encaramiento gubernamental eficaz, la reforma política parece sólo el intento de fingir capacidad de iniciativa, cuyos contenidos satisfagan a abigarrados segmentos de la sociedad y permitan eludir los graves problemas de la hora. Es la invitación a pasajeros y tripulantes de una embarcación que hace agua a que imaginen la hermosura de la nave cuando se la reconstruya.
Los miembros de la Armada de México no transitan, como el Marinero en tierra de Rafael Alberti, a la obtención de sal. Se les está habilitando como policías. Y si bien se puede hablar de su eficacia -el viernes pasado atraparon en Cuernavaca a gruperos famosos, como Ramón Ayala, Los Cadetes de Linares y Torrente- también se les puede atribuir un mal que daña al resto de las fuerzas federales que persiguen a miembros de alto coturno de la delincuencia organizada: que se les escapan los destinatarios principales de sus operaciones. Al menos eso ocurrió el propio viernes, cuando se les escabulló Édgar Valdez Villarreal, conocido como La Barbie, el jefe de los matones de la familia Beltrán Leyva.
Aun antes de las operaciones combinadas del Ejército y las policías federales, iniciadas hace tres años, la Armada de México había tenido participación, marginal si se quiere, pero al fin y al cabo un papel en la persecución del narcotráfico. Cuando en diciembre de 2006 el presidente Calderón involucró centralmente al Ejército en el combate a la delincuencia organizada, de modo inercial la Marina siguió ese derrotero. Su ámbito de actuación más importante era, como es de suponerse, las aguas territoriales, en donde se realizó la captura de embarcaciones portadoras de drogas. Paulatinamente sus miembros echaron pie a tierra, y participaron en la localización de plantíos de mariguana y amapola, y en la incineración de enervantes. También de modo casi imperceptible se hicieron cargo del patrullaje en algunos puertos, no sin roces con las policías federales y el Ejército mismo, que sentía invadidos sus terrenos no obstante que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene en operación un Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales, cuyo diseño y actuación contraviene las misiones atribuidas por la ley a la Secretaría de Marina. Últimamente se ha advertido un nuevo paso en la presencia de infantes de Marina tierra adentro. A ese cuerpo pertenecen quienes se enfrentaron el 4 de diciembre a la banda de sicarios encabezada por Ricardo Almanza, que asesinó semanas atrás al general retirado Juan Arturo Esparza. Los marinos causaron varias bajas a los mafiosos, incluido el jefe mismo. Y el viernes pretendieron aprehender a La Barbie en una fiesta en la capital de Morelos, pero avisado a tiempo el bandolero escapó. En compensación fueron detenidas 20 prostitutas acapulqueñas contratadas ex profeso, a las que se dejó en libertad poco después, y grupos musicales afamados (y caros) que el lunes seguían detenidos, no se sabe con qué definición jurídica, en la Procuraduría General de la República (Reforma, 15 de diciembre).
Varios motivos, aislados o combinados, pueden explicar la expansión de la presencia de la Armada de México en operaciones policiales. Uno significaría una respuesta pueril del gobierno, del presidente Calderón en particular: a los que objetan la presencia militar en la lucha contra la delincuencia organizada, se les contesta no disminuyendo el número de efectivos castrenses involucrados, sino incrementándolo a través de la Infantería de Marina. Otro móvil posible, semejante al anterior pero sin contenido neurótico, provendría de la necesidad de reforzar las operaciones militares con personal supletorio, dada la concentración de tropas en Michoacán y Chihuahua, especialmente Ciudad Juárez, lo que deja desguarnecidas algunas regiones necesitadas, desde la óptica gubernamental, de la eficacia militar. También es posible conjeturar que los marinos sustituirían a los militares en previsión de que aquellos vuelvan a sus cuarteles ante la presión internacional (la nacional cuenta menos) a ese respecto. Por último, es imaginable que aprovechando la rivalidad histórica entre los militares de tierra y los de mar -que se esconde y niega pero existe- se utilice a la Armada como contrapeso a la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de evitar una autoponderación excesiva.
De otra manera se está dando lugar a la Marina en la batalla contra las drogas. Quizá actúan a título personal, pero miembros eminentes de la Armada, con licencia o retirados pero sin duda vinculados a su corporación, han tenido y readquieren ahora influencia en ese combate. Pensemos, a título de ejemplo, en el almirante Wilfrido Robledo, uno de los primeros directores de la Policía Federal (cuando aún se apellidaba Preventiva), y que tras su paso por la Agencia de Seguridad estatal mexiquense ha sido ahora llamado por el procurador de la República, Arturo Chávez Chávez, como su asesor. El propio titular de la PGR designó hace tres semanas al almirante José Luis Figueroa, miembro del mismo grupo que Robledo, director del Centro Nacional de Análisis, Planeación e Inteligencia de la Procuraduría. Figueroa dirigía la PFP en 2004, cuando se produjo el linchamiento de tres miembros de esa corporación en Tláhuac. Se le imputaron responsabilidades por haber reaccionado con lentitud ante la grave situación y por haber emprendido una operación delicada en esa delegación sin notificarla a las autoridades locales, pero al final del procedimiento quedó exonerado.
Al igual que se critica la intervención militar en asuntos de seguridad pública para los cuales no está preparada la institución castrense debe predicarse lo mismo respecto de la Armada. Tiene su propia misión, y sus elementos deben afanarse en cumplirla. Cuando más, debería ese cuerpo realizar funciones de vigilancia en los puertos y las franjas costeras, no tierra adentro.
Cajón de Sastre
El conjunto de proyectos anunciados ayer por el presidente de la República pretende una reforma política ambiciosa, pero hoy inviable, meramente ilusoria. Es inoportuna no sólo en cuanto al tiempo (se presenta el día mismo en que el Poder Legislativo entra en receso) y en vísperas de un año teñido por la contienda electoral en 16 entidades, sino también en cuanto a las circunstancias. Cuando se agravan las crisis económica y de seguridad, necesitadas ambas de encaramiento gubernamental eficaz, la reforma política parece sólo el intento de fingir capacidad de iniciativa, cuyos contenidos satisfagan a abigarrados segmentos de la sociedad y permitan eludir los graves problemas de la hora. Es la invitación a pasajeros y tripulantes de una embarcación que hace agua a que imaginen la hermosura de la nave cuando se la reconstruya.
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