Teodoro Rentería Arróyave
Las iniciativas de reformas al Código Penal Federal y al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que, respectivamente, Federaliza los Delitos Contra la Libertad de Expresión y crea la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de Periodistas, pasaron su primer escollo al asegurar su pronta aprobación por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados según su presidente el priísta, Cesar Camacho.
La iniciativa fue presentada tanto por la Comisión Especial para dar Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la propia Cámara baja, que encabeza el panista Gerardo Priego Tapia, así como su Consejo Consultivo. Han sido dos años de trabajo intenso en el propósito de una agenda legislativa que otorgue las garantías necesarias y precisas para la defensa irrestricta de las libertades de prensa y expresión.
Es de enfatizar que son las primeras iniciativas de reformas emanadas del trabajo colegiado de la sociedad civil y legisladores, en la que destacan los compromiso y el impulso de la Federación Latinoamericana de Periodistas FELAP-México y la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, , al través de los consejeros Teodoro Rentería Arróyave y Roberto Piñón Olivas, vicepresidente y presidente, respectivamente, de las mencionadas organizaciones gremiales.
También es de aclararse que la iniciativa de reforma que Federaliza los Delitos Contra la Libertad de Expresión va más allá de la protección a los periodistas; más que al sujeto protege las libertades de prensa y expresión, por lo que no se limita a reporteros y conductores de noticiarios, sino a todos los que intervienen en el proceso de la actividad periodística: en una palabra: a todos y a casa uno de los trabajadores de prensa y medios de comunicación.
Por cierto, como siempre se equivoca en sus apreciaciones, Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, cuando afirma que la iniciativa que propone elevar a rango federal las agresiones contra periodistas fue presentada por los priístas en la Cámara de Diputados.
Castro Lozano, sabe más que nadie, que la alta oficina que le fue encargada así como la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra Periodistas, cuyo titular es otro inepto, Alejandro Arellana Wiarco, han sido sólo membretes burocráticos puesto que han servido para eso y para nada.
Nunca jamás han investigado los 87 asesinatos de periodistas acumulados desde 1983, de los cuales 53 datan del 2000 a la fecha con el último crimen del que fue víctima mortal el colega Jean Paul Ibarra, reportero grafico del diario El Correo, atentado en el cual resultó gravemente herida la compañera del Diario 21, Yeni Yuliana Marchán Arroyo, hechos ocurridos Iguala, Guerrero el pasado viernes. Por cierto que existen voces de alerta por la seguridad de la reportera, por lo que desde ahora exigimos se le otorgue las garantías correspondientes.
Tampoco se han investigado las 11 desapariciones de periodistas ocurridas exacto desde que el 2000, se entronizó el supuesto gobierno del cambio. Dos de los compañeros fueron encontrados muertos y sobre los 9 restantes, familiares, amigos y colegas vivimos la pesadumbre y la angustia de no saber nada sobre ellos.
Es de considerarse que todos los legisladores miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, máxime después de las declaraciones compromiso de sus presidente, César Camacho, deben de aprobar a la brevedad el instrumento jurídico que habrá de coadyuvar en el respeto a las libertades de prensa y expresión y como consecuencia garantizar la integridad física de los trabajadores de prensa.
Las iniciativas de reformas al Código Penal Federal y al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que, respectivamente, Federaliza los Delitos Contra la Libertad de Expresión y crea la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de Periodistas, pasaron su primer escollo al asegurar su pronta aprobación por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados según su presidente el priísta, Cesar Camacho.
La iniciativa fue presentada tanto por la Comisión Especial para dar Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la propia Cámara baja, que encabeza el panista Gerardo Priego Tapia, así como su Consejo Consultivo. Han sido dos años de trabajo intenso en el propósito de una agenda legislativa que otorgue las garantías necesarias y precisas para la defensa irrestricta de las libertades de prensa y expresión.
Es de enfatizar que son las primeras iniciativas de reformas emanadas del trabajo colegiado de la sociedad civil y legisladores, en la que destacan los compromiso y el impulso de la Federación Latinoamericana de Periodistas FELAP-México y la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, , al través de los consejeros Teodoro Rentería Arróyave y Roberto Piñón Olivas, vicepresidente y presidente, respectivamente, de las mencionadas organizaciones gremiales.
También es de aclararse que la iniciativa de reforma que Federaliza los Delitos Contra la Libertad de Expresión va más allá de la protección a los periodistas; más que al sujeto protege las libertades de prensa y expresión, por lo que no se limita a reporteros y conductores de noticiarios, sino a todos los que intervienen en el proceso de la actividad periodística: en una palabra: a todos y a casa uno de los trabajadores de prensa y medios de comunicación.
Por cierto, como siempre se equivoca en sus apreciaciones, Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, cuando afirma que la iniciativa que propone elevar a rango federal las agresiones contra periodistas fue presentada por los priístas en la Cámara de Diputados.
Castro Lozano, sabe más que nadie, que la alta oficina que le fue encargada así como la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra Periodistas, cuyo titular es otro inepto, Alejandro Arellana Wiarco, han sido sólo membretes burocráticos puesto que han servido para eso y para nada.
Nunca jamás han investigado los 87 asesinatos de periodistas acumulados desde 1983, de los cuales 53 datan del 2000 a la fecha con el último crimen del que fue víctima mortal el colega Jean Paul Ibarra, reportero grafico del diario El Correo, atentado en el cual resultó gravemente herida la compañera del Diario 21, Yeni Yuliana Marchán Arroyo, hechos ocurridos Iguala, Guerrero el pasado viernes. Por cierto que existen voces de alerta por la seguridad de la reportera, por lo que desde ahora exigimos se le otorgue las garantías correspondientes.
Tampoco se han investigado las 11 desapariciones de periodistas ocurridas exacto desde que el 2000, se entronizó el supuesto gobierno del cambio. Dos de los compañeros fueron encontrados muertos y sobre los 9 restantes, familiares, amigos y colegas vivimos la pesadumbre y la angustia de no saber nada sobre ellos.
Es de considerarse que todos los legisladores miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, máxime después de las declaraciones compromiso de sus presidente, César Camacho, deben de aprobar a la brevedad el instrumento jurídico que habrá de coadyuvar en el respeto a las libertades de prensa y expresión y como consecuencia garantizar la integridad física de los trabajadores de prensa.
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