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El Foro “¿Qué hacer para crecer?”, organizado por el Senado de la República, fue el escenario más reciente de una inédita disputa pública entre el gobierno de Felipe Calderón y el empresario mas rico del país, Carlos Slim
Ante los pronósticos –y una velada crítica al Gobierno Federal– sobre las graves afectaciones que tendrá la crisis global en la economía mexicana por parte del dueño del mayor conglomerado industrial, el Gobierno Federal respondió –en boca del secretario del Trabajo, Javier Lozano– con señalamientos directos sobre los beneficios que ha obtenido el empresario por su posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones.
Confrontación real o no entre ambos poderes, lo cierto es que, si bien Carlos Slim es uno de los primeros en ser señalados cuando se trata de apuntar posiciones dominantes en los mercados locales, no es el único, aunque sí el más visible por su tamaño.
La economía mexicana –como un resquicio de la larga y vieja dominancia de un partido hegemónico en el paisaje político nacional y de un férreo presidencialismo– está lleno de ejemplos de mercados que son dominados por unos cuantos o, incluso, por un solo jugador, sea el origen de su capital público o privado.
Así, prácticas monopólicas, oligopólicas o colusión de intereses son pan de cada día en mercados tan diversos como el de la banca, el cemento, la tortilla, las gasolinas, la televisión por cable, el pan de caja, la telefonía, el gas, los medicamentos, la energía eléctrica, el transporte ferroviario, el servicio de taxis en algunas ciudades o, incluso, el propio mercado de valores.
Estas prácticas toleradas y alentadas por la inacción legislativa y gubernamental no sólo limitan la oferta de bienes y servicios disponibles, desdeñan la iniciativa empresarial y el aliento a la meritocracia, y le ponen freno a la competitividad del mercado interno; sino también empobrecen a la población, en la medida en que encarecen los precios y le restan poder adquisitivo a los consumidores.
Es decir, el costo de mantener prácticas de dominancia en los mercados no sólo está asociado con los juegos del poder político, sino que va mucho más allá: perfora los bolsillos de los ciudadanos, desincentiva la innovación, resta competitividad a la economía y, por lo tanto, profundiza el desempleo (véase el reportaje central de esta edición de El Semanario en el que se desmenuzan los impactos que provoca una profusa práctica de dominancia en los mercados locales sobre el nivel general de los precios, y que está basado en un estudio hecho por el Tecnológico de Monterrey y la Comisión Federal de Competencia, bajo el auspicio de la OCDE y que se dará a conocer próximamente).
Si los mexicanos pagan 30% más por estas prácticas de dominancia (como lo señala el estudio al que aludimos en el párrafo anterior), cualquier plan fiscal anticrisis palidece ante el beneficio para los ciudadanos de que su gobierno y sus legisladores adopten acciones progresivas que den aliento a la competencia en los diversos mercados.
Claro que una época recesiva como la que estamos atravesando en la economía no es una buena noticia para implementar agresivamente políticas de fomento a la competencia. La escasez y el costo del capital limitan a los inversionistas a arriesgarse en mercados con una alta concentración y con jugadores dominantes. Sin embargo, sí es posible que se avance sustancialmente en materia de regulación, de supervisión y de sanción por parte de la autoridad. Evitar la tradicional “captura regulatoria” de los poderes dominantes sobre el Congreso y el propio Gobierno Federal es, ahora, el mayor de los retos si los partidos políticos y el presidente Felipe Calderón quieren, efectivamente, provocar transformaciones de fondo sentando las bases para un despegue de la competitividad de la economía cuando la recuperación nos alcance.
El Foro “¿Qué hacer para crecer?”, organizado por el Senado de la República, fue el escenario más reciente de una inédita disputa pública entre el gobierno de Felipe Calderón y el empresario mas rico del país, Carlos Slim
Ante los pronósticos –y una velada crítica al Gobierno Federal– sobre las graves afectaciones que tendrá la crisis global en la economía mexicana por parte del dueño del mayor conglomerado industrial, el Gobierno Federal respondió –en boca del secretario del Trabajo, Javier Lozano– con señalamientos directos sobre los beneficios que ha obtenido el empresario por su posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones.
Confrontación real o no entre ambos poderes, lo cierto es que, si bien Carlos Slim es uno de los primeros en ser señalados cuando se trata de apuntar posiciones dominantes en los mercados locales, no es el único, aunque sí el más visible por su tamaño.
La economía mexicana –como un resquicio de la larga y vieja dominancia de un partido hegemónico en el paisaje político nacional y de un férreo presidencialismo– está lleno de ejemplos de mercados que son dominados por unos cuantos o, incluso, por un solo jugador, sea el origen de su capital público o privado.
Así, prácticas monopólicas, oligopólicas o colusión de intereses son pan de cada día en mercados tan diversos como el de la banca, el cemento, la tortilla, las gasolinas, la televisión por cable, el pan de caja, la telefonía, el gas, los medicamentos, la energía eléctrica, el transporte ferroviario, el servicio de taxis en algunas ciudades o, incluso, el propio mercado de valores.
Estas prácticas toleradas y alentadas por la inacción legislativa y gubernamental no sólo limitan la oferta de bienes y servicios disponibles, desdeñan la iniciativa empresarial y el aliento a la meritocracia, y le ponen freno a la competitividad del mercado interno; sino también empobrecen a la población, en la medida en que encarecen los precios y le restan poder adquisitivo a los consumidores.
Es decir, el costo de mantener prácticas de dominancia en los mercados no sólo está asociado con los juegos del poder político, sino que va mucho más allá: perfora los bolsillos de los ciudadanos, desincentiva la innovación, resta competitividad a la economía y, por lo tanto, profundiza el desempleo (véase el reportaje central de esta edición de El Semanario en el que se desmenuzan los impactos que provoca una profusa práctica de dominancia en los mercados locales sobre el nivel general de los precios, y que está basado en un estudio hecho por el Tecnológico de Monterrey y la Comisión Federal de Competencia, bajo el auspicio de la OCDE y que se dará a conocer próximamente).
Si los mexicanos pagan 30% más por estas prácticas de dominancia (como lo señala el estudio al que aludimos en el párrafo anterior), cualquier plan fiscal anticrisis palidece ante el beneficio para los ciudadanos de que su gobierno y sus legisladores adopten acciones progresivas que den aliento a la competencia en los diversos mercados.
Claro que una época recesiva como la que estamos atravesando en la economía no es una buena noticia para implementar agresivamente políticas de fomento a la competencia. La escasez y el costo del capital limitan a los inversionistas a arriesgarse en mercados con una alta concentración y con jugadores dominantes. Sin embargo, sí es posible que se avance sustancialmente en materia de regulación, de supervisión y de sanción por parte de la autoridad. Evitar la tradicional “captura regulatoria” de los poderes dominantes sobre el Congreso y el propio Gobierno Federal es, ahora, el mayor de los retos si los partidos políticos y el presidente Felipe Calderón quieren, efectivamente, provocar transformaciones de fondo sentando las bases para un despegue de la competitividad de la economía cuando la recuperación nos alcance.
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