Héctor Gómora (Cortesía de Rebelión)
En perfecta congruencia con los anti-humanos principios del modelo neoliberal que lo engendró, el “gobierno” de México (su dudosa legitimidad me lleva a entrecomillarlo), ha lanzado un golpe significativo contra la industria eléctrica mexicana, al decretar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC), una institución del Estado que es emblemática no sólo de la propiedad de la nación sobre sus energéticos, sino también de presencia sindical.
Desde hace años se esperaba una acción de esta envergadura en el ramo eléctrico. Los sucesivos gobiernos neoliberales han venido trabajando pacientemente para desmantelar las instituciones nacionales vinculadas con las dos grandes ramas energéticas: petróleo y electricidad. Son muchas ya las acciones, más o menos solapadas, que se han efectuado para entregar progresivamente su control a los grandes capitales, tanto extranjeros como nacionales. Se han creado formas de asociación de muy dudosa legalidad, como los Contratos de Servicios Múltiples, para ir incorporando al capital privado en la generación de energía eléctrica y en la extracción y refinación del petróleo, ramas señaladas como estratégicas y exclusivas del Estado por la Constitución. Y una de las principales líneas tácticas ha sido el progresivo desmantelamiento de las empresas estatales encargadas de esas ramas económicas.
A Petróleos Mexicanos se le ha estrangulado económicamente al imponerle un régimen fiscal que le quita todas sus ganancias, de modo que se le impide crecer… para luego declarar que es una empresa insuficiente y que es necesario meter al capital privado. También se ha estrangulado económicamente al sector eléctrico, recortándole recursos y también introduciendo paulatinamente a capitales privados que van tomando parte en la generación de electricidad.
Así pues, el decreto de extinción de LFC es el más reciente capítulo en la ofensiva paulatina, paciente, pero hasta ahora efectiva, para entregar el enorme negocio de los energéticos a los voraces grandes capitales.
En su decreto de extinción, el gobierno presentó a LFC como un organismo ineficiente, que costaba al pueblo de México mucho más de lo que redituaba. Además culpó a los trabajadores de la grave situación financiera, acusándolos de tener privilegios que contribuían al deterioro financiero. Como era de esperarse, los medios cerraron filas y retomaron esas ideas cerrándose completamente a las voces de muchos expertos que las refutaban de manera contundente: LFC tenía efectivamente un grave deterioro económico, pero en el cual pesaban más otros factores, como las altas tarifas con las que debía comprar la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuotas que fijaban las autoridades y no los trabajadores. Sobre esa compra de energía, también se ha argumentado que LFC debía desaparecer porque no tenía sentido mantener una empresa que no generaba electricidad sino que se dedicaba a comprarla; sin embargo esa idea no toma en consideración que si LFC no podía generar por sí sola toda la electricidad necesaria era precisamente por la descapitalización debida a las altas tarifas y por el deterioro sufrido a causa de recortes presupuestales. Huelga decir que todas esas acciones no las decidían los trabajadores.
Como también es costumbre, el sistema ha lanzado paralelamente una estrategia que podríamos llamar “de animadversión”, buscando ganarse a quienes están acostumbrados a pensar con el hígado. Para ello se ha hablado mucho en los medios de “privilegios”, cuando que podrían verse también como conquistas de los trabajadores mismos, y que si otros gremios no tienen es porque no han luchado por ellas. También se ha dado mucha difusión a las desagradables experiencias que muchos hemos sufrido en relación con la energía eléctrica en el centro del país, donde operaba LFC: apagones que tardaban días en repararse, malos tratos en las oficinas, cobros exorbitantes y muchos etcéteras. Al respecto es lamentable que queramos sentarnos a pensar por nosotros mismos y advertir que las personas con quienes tratamos no son quienes tomas las decisiones, sino sólo quienes las ejecutan.
Creemos además que los retrasos de servicio obedecen siempre a la flojera de los trabajadores, cuando que también muchas veces se deben a que la falta de recursos (recuérdese la descapitalización de la empresa) no permite un mantenimiento adecuado, ni disponer de refacciones, ni del equipo material y humano necesario para dar un buen servicio. Desde luego, muchas veces sí se trata de una falta de ética laboral por parte de los trabajadores, pero sería indecente afirmar, sólo al buen tun-tún, sin bases, que es el factor de más peso. No es serio formarse un juicio de esta problemática sólo con base en un anecdotario del tipo “a mí una vez me pasó que…” En nuestro país la falta de ética laboral es algo lamentablemente muy extendido, y no por eso vamos a aplaudir que de un plumazo se desaparezca una empresa, lanzando a la calle a sus empleados (en el caso de LFC, alrededor de 40 mil nada más).
También en abierto menosprecio por la inteligencia de la gente, se han venido sucediendo grandes apagones, casualmente al tiempo que surgió el conflicto. Tampoco esto es nuevo. Durante el gobierno de Zedillo también los hubo cuando estaba en plena campaña mediática en contra de la eficiencia del servicio público de electricidad. Desde luego, actualmente se acusa a los trabajadores de LFC de estar saboteando las líneas, mientras que éstos responden que en realidad se debe en parte a la falta de mantenimiento por escasez de recursos y a la falta de personal luego de que el gobierno sacara a todos los trabajadores apoyándose en el ejército, lo cual se está volviendo ya un distintivo del actual inquilino de Los Pinos.
La difícil elección de las estrategias
Sin embargo, el que los argumentos del gobierno sean deleznables no cambia el hecho de que éste tiene a los medios de su lado, y la experiencia histórica permite suponer que esa campaña de desprestigio está permeando en una parte significativa de la sociedad, y es en ella donde los trabajadores tienen la única fuerza para resistir y salir victoriosos.
Es necesario entender un hecho fundamental que no parece estar aún lo suficientemente claro en nuestra sociedad: nos gobierna un sistema de poder donde el gobierno es sólo el ejecutor, pues con él están organizados las cúpulas de casi todos los sindicatos, del ejército, del clero y de TODOS los partidos políticos con registro, así como la industria del periodismo y los intelectuales orgánicos; todos ellos aglutinados alrededor del elemento más importante: las grandes élites financieras y empresariales, donde está el verdadero poder. Así pues, las instituciones son parte del sistema y eso explica que cada vez que un movimiento ha intentado usar las vías institucionales no logra sus objetivos plenamente. Los intentos por llevar a los tribunales a los autores intelectuales de masacre como las de Acteal, Aguas Blancas o El Bosque, a los bandidos del Fobaproa y cientos de etcéteras han terminado en nada. Es lógico entonces que el discurso oficialista siempre invoque las instituciones, que éstas sean usadas para canalizar los descontentos; de esa manera tiene asegurada su victoria, y si algún movimiento se resiste a caer en esa trampa se le construye en los medios una imagen de intransigencia, de desprecio a las reglas de una sociedad democrática, moderna, tolerante y demás florituras que son fácilmente desarrolladas.
Sin embargo, la historia –la maestra suprema- nos dice que muchos de los movimientos sociales que han trascendido, que han logrado cambios significativos son precisamente los que no se dejaron enredar por el discurso de respeto a las instituciones; son movimientos a los que en su momento se les cubrió de vituperios. La historia muestra que cuando un gobierno autoritario y despótico pide respeto a las instituciones lo que está haciendo es tender una trampa para ver si el oponente cae.
Sin embargo esa maniobra es altamente efectiva, y muchos movimientos, por no entender que se enfrentan a todo un sistema y/o por temor a ser linchados en los medios, acuden por ejemplo ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cuyo presidente es nombrado por el Congreso), la Suprema Corte de Justicia (cuyos miembros también son nombrados por el Congreso), la Procuraduría General de la República (cuyo patrón es el Gobierno Federal) u organismos similares pidiendo justicia, la cual nunca llega. Es sólo cosa de ver la historia para comprobar este dicho.
Sin embargo, los movimientos que se han rehusado a someterse a las reglas del sistema, aunque tienen un paso adelante por ello, frecuentemente caen en otro error táctico, que es el recurrir a medidas directas supuestamente “de presión”, como bloqueo de vías públicas, plantones e innumerables marchas. Si uno se despoja de prejuicios y mira la realidad, se encuentra con que los principales resultados de esas tácticas son echarse en contra a la gente y dar elementos a los medios para su linchamiento, y al gobierno para su represión. Son contados los casos en donde se puede ejercer presión de esa manera… y no indefinidamente. Los maestros de Oaxaca, por ejemplo, lograron por algún tiempo oponer resistencia al gobierno mediante su ocupación del centro de la ciudad, pero no se notaron avances en el proceso de integrarse y hacer alianzas operativas con otros sectores de la sociedad, de manera que el movimiento creciera y fuera difícil de agredir. El sistema de poder, por su parte, avanzó en su linchamiento mediático y preparó la ofensiva que resultó en una represión salvaje, cobarde y brutal que le aseguró a Vicente Fox su pensión como expresidente.
Otro aspecto que se desprende de aquí es el del llamado diálogo. También mirando la historia se aprecia que el gobierno suele recurrir a esa otra trampa: invitar al movimiento a entablar pláticas con el discurso engañoso de estar abierto a las inconformidades. Sin embargo, ese diálogo siempre es parte de una estrategia de ataque. Cuando se realizaron las llamadas “pláticas de paz” entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno, muchas voces honestas pero equivocadas celebraron esperanzadas el que se hubiera “obligado” al gobierno a negociar, y se ignoró a gente como Tomás Mojarro, quien desde el principio dijo que ésas no eran pláticas de paz, sino una maniobra de guerra para ganar tiempo, y que el gobierno no cumpliría nada de lo que se acordara. Huelga decir que el tiempo le dio la razón: el gobierno, mientras “dialogaba”, siguió militarizando y entrenando paramilitares (que luego ejecutarían la Masacre de Acteal, entre otros crímenes) y no cumplió jamás los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
¿Significa esto que el diálogo es inútil? No, pero hay que tener siempre a la mano una tarjetita con esta idea: el diálogo sólo funciona cuando existe un equilibrio de fuerzas, de modo que se convierte en negociación. Esto por la sencilla razón de que no se está tratando con un aliado, sino con un enemigo histórico. A una reunión de ésas no se puede llegar debilitado esperando que el otro se toque el corazón. Es un enemigo. La razón por la cual las pláticas de París entre los emisarios de Estados Unidos y del Vietcong funcionaron fue que los segundos tenían una forma de presión: los miles de mariners que estaban enviado de regreso en bolsas de plástico. Si no hay fuerzas más o menos equilibradas, el fuerte sólo está simulando y ganando un tiempo que el otro está perdiendo.
Perspectivas
En resumen, lanzarse a una lucha contra el sistema de poder requiere tener muy claras las estrategias. Se tiene que determinar si se usará la vía de las instituciones, con los riesgos que ello implica, o si se usarán métodos distintos, en cuyo caso se debe tratar de no caer en la táctica marcha-mitin-plantón-paro escalonado (para usar una expresión de Mojarro), porque la única forma en que eso podría funcionar sería que se sumaran diferentes sectores sociales; que no sea sólo el movimiento y algunos aliados, sino una parte significativa de la sociedad. Para ello es necesario un trabajo muy fuerte de comunicación para combatir la campaña de desprestigio; pero además de informar hay que procurar que esa información sea seguida por el establecimiento de alianzas con otros sindicatos, organizaciones vecinales, facciones políticas independientes, estudiantes, maestros, amas de casa y varios etcéteras. Si el movimiento crece se vuele fuerte.
Los electricistas y gente que de buena fe los apoya deben tratar de no caer en el error de pensar que obstruyendo la vida de los demás se los van a ganar a su causa. La gente puede ser generosa y decir “hoy por ti, mañana por mí”, pero para ello tienen que saber por qué es necesario hacerlo, y no lo sabrán si se les impide llegar al trabajo. De lo contrario hasta podrían ver con buenos ojos cuando las bestias de la Policía Federal Preventiva lleguen golpeando, matando y violando, que en la jerga del gobierno y sus voceros se dice “restaurar el Estado de derecho”.
Todas estas ideas las dejó como herencia el movimiento de 1968, del cual el sistema (apoyado incluso por miembros de ese movimiento que se han pasado de su lado) pretende que sólo recordemos la Masacre de Tlatelolco, y no sus brigadas móviles y su estrategia de buscar alianzas con otros sectores que son aliados potenciales.
Los electricistas han aceptado para su lucha la vía institucional al promover un amparo, que han ganado en su primera instancia e impide a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dar la estocada final oficializando la desaparición de LFC. Sin embargo, esto sólo constituye una pausa; no ha revertido nada. Incluso el gobierno, a través del Secretario del Trabajo, ha hecho declaraciones de evidente desprecio a la resolución judicial y ha afirmado que nada cambia. Desde luego una parte de este discurso tiene fines intimidatorios, pero la historia muestra que efectivamente el gobierno puede hacer un papalote con la ley, moviéndose con el maquiavélico principio de que la ley es cumplida o no según convenga.
Debe reiterarse que los argumentos en el sentido de que el decreto gubernamental viola toda una avalancha de preceptos legales parecen contundentes; sin embargo, no sería ni con mucho la primera vez que un caso bien fundamentado termina por deshacerse cuando un juez o grupo de ellos resulta tener, casualmente, una opinión muy distinta. Eso porque se trata de todo un sistema de poder. Y si la vía legal resulta ser adversa a los trabajadores de LFC, recurrir luego a estrategias extra-institucionales tendrá como segura respuesta una campaña de desprestigio cuyo centro será la fórmula “como las instituciones no les dieron la razón las rechazan, y eso no es democrático, ni cívico, etc.” Indudablemente será de una lucha muy difícil, pues el gobierno se muestra decidido a no dar marcha atrás, y vistas las cosas desde acá, una lucha contra él en su cancha y con sus reglas no parece tener muchas perspectivas. Sin embargo, querer paralizar todo sin la consciente colaboración de la gente, además de ser un objetivo poco factible de lograr, no parece tampoco una vía al triunfo.
Es necesario incorporar a la sociedad, y eso es siempre una labor pesada, que requiere mucho trabajo, pero optar por las vías más fáciles resultará en una lamentable derrota. Y para probarlo ahí están los maestros de Oaxaca (y muchos otros), los estudiantes de la huelga de 1999-2000, los trabajadores de Ruta 100, las organizaciones de El Barzón y muchos etcéteras pasados y recientes.
Quienes tenemos acceso a medios como Internet debemos hacer nuestra parte divulgando, propiciando formas de difusión e intercambio de ideas para la resistencia. La distancia no es pretexto para no hacer nada. Y desde luego, esta actividad debe hacerse principalmente afuera. No se debe caer en el error de muchos intelectuales que escriben sólo para medios donde los leen quienes comparten su visión. Eso puede ser útil si se discuten y desmantelan los mitos de las tácticas equivocadas; pero para avanzar en la concientización social es necesario salir a compartir nuestra visión con quienes no la conocen y probablemente hasta la rechacen en un principio. Hay que mostrar las muchas cosas que omiten los medios (des)informativos y demostrar que otras visiones de la realidad no sólo existen, sino que tienen bases sólidas. Se trata pues de convencer, y eso lleva tiempo. El sistema de poder en México continúa, a contracorriente de lo que sucede en buena parte de Latinoamérica y el mundo, profundizando el neoliberalismo depredador, así que el tiempo sigue corriendo en contra. Los electricistas son sólo el caso actual, pero tenemos años presenciado estos ataques contra la columna vertebral de la nación, y estos continuarán.
Desde hace años debimos haber salido de nuestra torre de cristal para empezar a compartir ideas con la gente. Si no hemos empezado, hagámoslo ya. Es en la sociedad donde está la fuerza para el cambio, no en los lacayos, jilgueros y verdugos del sistema.
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